En febrero, el ateo turco Hamit Coskun, de 50 años, quemó un ejemplar del Corán frente al consulado de Turquía en Londres, mientras gritaba frases como “Al diablo con el islam” y “El islam es la religión del terrorismo”. En su mochila llevaba una camiseta que decía: “El islam es una ideología terrorista. El Corán debería prohibirse”.
Coskun, refugiado en el Reino Unido desde 2022, afirmó que su acto era una protesta contra el gobierno islámico de Recep Tayyip Erdoğan, a quien acusa de convertir Turquía en una base del islam radical.
Durante la protesta, un hombre armado con un cuchillo lo atacó gritando: “Es mi religión, no quemes el Corán”. Coskun logró escapar sin heridas. El agresor fue condenado, pero recibió una pena suspendida y no pisó la cárcel. Poco después, otro desconocido lo golpeó y huyó.
Sorprendentemente, también Coskun fue arrestado. Ante la policía dijo: “Solo ejercía mi libertad de expresión. No soy racista, quería educar a la gente sobre lo que es el islam”.
Aunque sus gritos fueron ofensivos y generalizadores, el acto en sí —quemar un libro— era una forma de protesta pacífica. Sin embargo, los fiscales lo acusaron de “amenaza al orden público”, argumentando que su quema del Corán podía provocar violencia.
En junio, el juez John McGarva lo declaró culpable de un delito “de orden público agravado por motivos religiosos”. Sostuvo que, aunque quemar un libro sagrado no es ilegal en sí, hacerlo frente al consulado y con insultos hacia los musulmanes cruzaba la línea del desorden. Lo multó con £240 más un recargo de £96, afirmando que Coskun tenía “odio profundo hacia el islam y sus seguidores”.
Para organizaciones laicas como la National Secular Society y la Free Speech Union, el fallo equivalía a reimplantar leyes de blasfemia. “Establecer un derecho a no ser ofendido es el final de la libertad de expresión”, denunciaron. Subrayaron que el tribunal no distinguió entre criticar una religión e insultar a sus creyentes, lo que socava una diferencia esencial en toda democracia: atacar ideas no es lo mismo que atacar personas.
También Humanists UK advirtió que el caso sentaba un precedente peligroso: exmusulmanes o críticos del islam podrían ser condenados simplemente por expresar opiniones consideradas ofensivas. Las organizaciones recaudaron fondos para apelar la sentencia, afirmando que no permitirían que “los tribunales introduzcan una ley de blasfemia musulmana por la puerta trasera”.
El caso ante el Tribunal Superior
La apelación se escuchó semanas después ante el juez Joel Nathan Bennathan y dos magistrados. Esta vez, el fallo fue opuesto: anularon la condena.
Bennathan consideró que la acción de Coskun fue “claramente política” y no dirigida contra ninguna persona. Señaló que protestar frente a un consulado no era ilegal, que Coskun actuó solo, en pleno día y sin causar miedo. Algunos transeúntes simplemente lo ignoraron. Por tanto, no hubo desorden público.
El juez enfatizó un principio fundamental:
“No existe delito de blasfemia en nuestra ley. Quemar un Corán puede ser ofensivo, pero el derecho penal no busca evitar que la gente se sienta ofendida. La libertad de expresión incluye el derecho a decir cosas que ofenden, escandalizan o perturban”.
Añadió que en una democracia liberal debemos aceptar la incomodidad de escuchar ideas que detestamos. “El precio de esa libertad —dijo— es permitir a otros ejercerla, incluso si nos ofende profundamente”.
Implicaciones y reacciones
El fallo representa un precedente crucial: impide que las autoridades usen leyes de orden público para castigar actos considerados blasfemos. De haber mantenido la condena, el Reino Unido —que abolió formalmente sus leyes de blasfemia en 2008— habría dado un paso atrás, legitimando la censura religiosa.
El director de la National Secular Society, Stephen Evans, celebró el resultado:
“Esta decisión reafirma que la libertad de expresión protege el derecho a ofender y desafiar creencias profundamente arraigadas. Marca una línea clara entre atacar personas y criticar ideas”.
Humanists UK coincidió, aunque aclaró que no comparte las opiniones de Coskun sobre los musulmanes:
“Nos alegra que se haya revocado su condena. Aunque rechazamos sus prejuicios, este caso evidenció vacíos legales que podrían poner en riesgo la libertad de expresión. Continuaremos defendiendo que las leyes solo deben limitarse para evitar daños reales a otros”.
Un provocador, no un criminal
Coskun, quien ha expresado simpatía por figuras de extrema derecha como Tommy Robinson, afirmó que planea recorrer el país quemando más ejemplares del Corán. Su intención podría ser provocadora o incluso oportunista, pero eso no convierte su acto en un crimen.
El principio en juego no es la aprobación moral de sus ideas, sino la defensa del derecho a expresarlas sin temor a represalias. En una sociedad libre, la blasfemia no puede ser delito, por más ofensiva que sea. Castigar a alguien por herir sensibilidades religiosas abre la puerta a la censura y al autoritarismo.
La decisión del Tribunal Superior reafirma que la libertad de expresión no protege solo los discursos agradables o populares, sino también los más incómodos y ofensivos. Esa es su verdadera prueba.
Como concluyó el propio fallo:
“La libertad de expresión, si vale la pena tenerla, debe incluir el derecho a ofender, escandalizar o perturbar”.
En definitiva, este caso no trató de convertir a Coskun en héroe, sino de proteger un principio esencial: ninguna religión o ideología merece inmunidad frente a la crítica o la burla. La victoria judicial no valida sus palabras, pero sí preserva el derecho de todos a decirlas.
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